3._EXCLUSION

Introducción
El Ecuador, definido por su constitución como un Estado plurinacional y laico, reconoce siete autoidentificaciones étnicas: mestizos, blancos, montuvios, afroecuatorianos, mulatos, negros e indígenas; existen 29 pueblos y nacionalidades indígenas reconocidos dentro del territorio ecuatoriano (Garcés, 2020) que representan un 7,7 % de la población ecuatoriana y, a pesar de que no son la etnia mayoritaria, sí son los históricamente más pobres y excluidos (Larrea, 2015). La discriminación y la violencia hacia los indígenas agrava su pobreza y exclusión (Collado-Ruano et al., 2021). La etnia indígena posee cierto nivel de autonomía en su organización social, económica política y legal (Chisaguano, 2006), comparte su origen precolonial, pero conforma un grupo heterogéneo con diversas culturas y territorios.
Los grupos que conforman los pueblos y nacionalidades indígenas enfrentan mayores niveles de pobreza que otros grupos étnicos. Según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), en 2022, el 54,26 % de la población indígena vivía en situación de pobreza por ingresos, el 31,87 % en pobreza extrema y el 81,96 % de sus integrantes estaba en situación de pobreza multidimensional (INEC, 2022). Los pueblos y nacionalidades indígenas son los que menos acceso al empleo formal tienen, tan solo un 16,19 % accede a este tipo de empleos y, por ende, la mayoría no recibe beneficios ni el apoyo económico proporcionado por los institutos de seguridad social del país (INEC, 2022). Los pueblos y nacionalidades indígenas no poseen los medios económicos para adquirir bienes y servicios necesarios para la vida y, además, son afectados por las causas estructurales de la pobreza.
La exclusión social es un fenómeno más profundo que la pobreza. No solo toma en cuenta factores como los ingresos o las posesiones materiales, sino que añade componentes relacionados a los derechos de los individuos y, por lo tanto, da una mayor perspectiva de la situación que enfrentan (Tezanos, 2005). A fin de aportar al debate, este estudio examina los determinantes que en el 2023 generaron exclusión social en los pueblos y nacionalidades indígenas en el Ecuador. La selección del año 2023 responde a dos criterios: i) la falta de datos de corte longitudinal para la elaboración del estudio en un periodo temporal extenso que limita la capacidad de análisis dentro de un periodo temporal extenso, y, ii), el año 2023 brinda una representación actual de la situación de exclusión que se vive dentro del Ecuador.
El artículo se divide en 4 secciones. En la primera, se realiza una aproximación teórica a la exclusión social y a la investigación empírica relacionada; en la segunda, se revisan los métodos econométricos utilizados; en la tercera sección, se exponen los resultados obtenidos, y, finalmente, se presenta conclusiones en base a los resultados obtenidos.

Revisión de la literatura

La pobreza y la exclusión social están basadas en el concepto de privación de elementos que reducen la calidad de vida; son conceptos que se retroalimentan (Roca & Rojas, 2002). La pobreza fue entendida en una primera etapa como un fenómeno monetario en el cual se evidencia la carencia de medios para obtener un cierto nivel de vida (Kanbur & Squire, 1999); por tanto, los pobres son los que pertenecen a «familias cuyos ingresos totales son insuficientes para obtener el mínimo necesario para el mantenimiento de la eficiencia física» (Rowntree, 1901, p. 86). La pobreza cambia constantemente de canasta base para su medición y por ello existen tres aspectos conflictivos con este enfoque: la aparición de nuevos bienes de consumo, que pasan de ser vistos como lujos a necesidades; cambios en la manera en que la sociedad se encuentra organizada, y un alza de los estándares de vida socialmente aceptados (Kanbur & Squire, 1999). Esto genera cambios en la percepción de quien es pobre (Kanbur & Squire, 1999).

Posteriormente, el concepto de pobreza cambió hacia la medición de privaciones de bienes y servicios de primera necesidad o fuertemente relacionados con el desarrollo personal. Se incluyen elementos como el acceso a los bienes públicos y sus beneficios, a la educación, el estado nutricional y el de salud (Kanbur & Squire, 1999). Finalmente, el concepto de pobreza adquiere un nuevo matiz, la pobreza como privación relativa se relaciona no solo con las deficiencias monetarias y materiales, sino también con las condiciones sociales del individuo, pasando al de insuficiencia de los recursos necesarios para el desarrollo y el aumento del bienestar (Stezano, 2020). La pobreza pasa a ser vista como un fenómeno dinámico y no estático, y, como menciona Stezano, hay una vinculación «entre pobreza y falta sistemática del ejercicio pleno de los derechos económicos, sociales y culturales» (2020, p. 14). De tal manera, la pobreza se aproxima a la exclusión social, sin embargo, sigue teniendo un enfoque material.

La pobreza formal guarda una gran diferencia con la exclusión social; sin embargo, la pobreza se concibe como un concepto englobado por la exclusión social (Roca & Rojas, 2002). La pobreza centra el análisis en el estado estático de los medios de adquisición y posesiones materiales; por otra parte, «la exclusión social se centra en las condiciones de vida que tiene la gente» (Martínez, 1997, p. 23). La exclusión social se define como el aislamiento o la separación de un individuo de la vida en sociedad, resultado de la percepción de no ser reconocido como un ciudadano pleno debido a la pérdida de uno o varios derechos. La exclusión social se relaciona con posesiones materiales, pero añade dimensiones sociales y culturales (Tezanos, 1999), genera segregación espacial de los grupos desfavorecidos, afectando a las regiones donde los excluidos se ubican de manera diferenciada (Veiga, 1999) y se presenta de manera diferente según las características particulares de los individuos. Las diferencias entre pobreza y exclusión social se presentan en la tabla 1.

Tabla 1: Pobreza y exclusión social

Rasgo diferenciador	Pobreza	Exclusión social
Situación	Es un estado	Es un proceso
Carácter básico	Personal	Estructural
Sujetos afectados	Individuos	Grupos sociales
Dimensiones	Unidimensional (carencia económica)	Multidimensional (aspectos laborales, económicos, sociales, culturales)
Ámbito histórico	Sociedades industriales	Sociedades postindustriales y/o tecnológicas avanzadas
Enfoque analítico aplicable	Sociología de la desviación	Sociología del conflicto
Variables fundamentales	Culturales y económicas	Laborales
Tendencias sociales asociadas	Pauperización	Dualización social
Riesgos añadidos	Marginación social	Crisis de los nexos sociales
Dimensiones personales	Fracaso, pasividad	Desafiliación, resentimiento
Evolución	Residual, estática	En expansión, dinámica
Distancias sociales	Arriba-abajo	Dentro-fuera
Variables ideológico-políticas que influyen	Liberalismo no asistencial	Neoliberalismo desregulador

Fuente: (Tezanos, 1999, p. 32)

La economía del desarrollo es un marco conceptual adecuado para evaluar la exclusión social. Desde un enfoque de capacidades, la expansión de libertades reales de los individuos es lo que les permite adquirir nuevas capacidades y, posteriormente, los funcionamientos que consideren valiosos (Sen, 2000a). Dentro de la concepción de exclusión social y de desarrollo humano de Sen, las capacidades juegan un papel fundamental. No obstante, antes de definirlas, es necesario explicar las libertades reales y los funcionamientos. Por una parte, las libertades reales cubren un conjunto de aspectos ineludibles para la satisfacción de necesidades y la realización de las personas (Sen, 2000a). Se identifican 2 tipos de libertades reales: las libertades fundamentales y las libertades instrumentales.

Las libertades fundamentales están relacionadas con todo lo que es necesario para sobrevivir y con la capacidad de agencia. Son en extremo importantes, ya que, además de ser necesarias para mantener la vida, permiten que las de agencia sean funcionales (Sen, 2000a). Las libertades relacionadas con la capacidad de agencia sirven para expandir y profundizar las libertades reales de los individuos o grupos (Sen, 2000a). De tal modo, las libertades fundamentales son necesarias para el desarrollo personal y de la sociedad, pero, de la misma manera, se constituyen en la vida en sociedad.

Por otro lado, las libertades instrumentales hacen referencia a aspectos tratados como derechos u oportunidades que coadyuvan a la expansión de capacidades (Sen, 2000a). Según Sen, existen cinco tipos: las libertades políticas, los servicios económicos, las oportunidades sociales, las garantías de transparencia y las de seguridad protectora (2000a). Las libertades instrumentales son la base para la creación y expansión de capacidades, lo que es fundamental para que los individuos puedan realizar la vida que prefieran.

No todas las libertades tienen el mismo peso o la misma importancia, tal como lo menciona Nussbaum «algunas libertades limitan a otras» (2012, p. 93). Por consiguiente, es necesario definir un conjunto de libertades necesarias para la vida en sociedad que no sean coercitivas o limiten las libertades fundamentales de otras personas. Para definir a la exclusión social, en este artículo, se tomará a las libertades fundamentales e instrumentales como base, necesarias para mantener la vida y para crear capacidades.

La exclusión social posee tres características básicas; el carácter relativo, el de agencia y el dinámico (Atkinson & Hills, 1998). El carácter relativo hace referencia a la situación dentro de la cual las personas excluidas no acceden o carecen de algo. Esta parte de la exclusión social se relaciona sobre todo a las libertades fundamentales, debido a que los excluidos, a pesar de tener la necesidad de acceso a estas libertades, no lo pueden hacer (Atkinson & Hills, 1998). El carácter de agencia se da cuando las personas se autoexcluyen o son excluidas deliberadamente por otros (Atkinson & Hills, 1998). Por último, el carácter dinámico se refiere al carácter intertemporal de la exclusión social, es decir, que las hijas o hijos de los excluidos sean excluidos por ser sus descendientes y en la evolución de la exclusión dentro de los grupos desfavorecidos (Atkinson & Hills, 1998).

Para Sen «la exclusión social puede ser constitutivamente una parte de la privación de capacidades, así como instrumentalmente una causa de diversas fallas de capacidades» (Sen, 2000b). Siguiendo lo planteado por Sen, la exclusión social se aborda desde un enfoque de capacidades, de manera concreta evaluándola como una carencia de estas, producto de la deficiencia de libertades. La exclusión social afecta de manera profunda a grupos desfavorecidos, especialmente a las minorías étnicas (Herrera, 1999). Estos grupos sufren tanto el carácter relativo, el de agencia y el dinámico (Atkinson & Hills, 1998). La exclusión social viene acompañada de la segregación espacial (Veiga, 2008) y el acceso diferenciado a los bienes y servicios entre grupos, generando grupos vulnerables en el territorio (Atkinson & Hills, 1998).

Dentro de Iberoamérica, se ha estudiado la exclusión social en diferentes contextos. Roca y Rojas (2002), en su investigación realizada en Perú, estudian la relación entre pobreza y exclusión social, así como la exclusión en diferentes grupos. Las causas de la exclusión social varían según el contexto. En los países desarrollados, el desempleo se identifica como el principal factor asociado a este fenómeno. Otros factores que contribuyen a la exclusión social incluyen la edad y el lugar de origen, ambos estrechamente vinculados a las oportunidades y la facilidad de acceso al empleo (Roca & Rojas, 2002). Por otro lado, en los países en vías de desarrollo la exclusión social se asocia más a factores relacionados a la marginación, es decir, a privaciones materiales y no materiales que hacen que los individuos no puedan acceder a los beneficios de los mercados, los programas de gobierno y de la participación de la vida en sociedad (Roca & Rojas, 2002). En estos países, las personas excluidas suelen tener acceso a servicios básicos, salud y educación proporcionados por el Estado. Sin embargo, este acceso no es pleno, ya que los sistemas estatales no logran cubrir completamente las necesidades de toda la población, especialmente de aquellos con ingresos escasos o inexistentes para complementar estos servicios (Roca & Rojas, 2002). Por lo cual, dentro de estas naciones, las privaciones de estos servicios toman mayor importancia, ya que se quita el acceso a los individuos de las libertades, capacidades y funcionamientos respectivos.

Se encontró que las dimensiones en las que se expresa la exclusión social en el Perú son la educación, la salud, el acceso a servicios básicos y el acceso a medios de comunicación y entretenimiento (Roca & Rojas, 2002). En estas cuatro dimensiones, las personas que habitan las regiones de la sierra norte, sierra central y selva, además de las personas que no poseen al castellano como su lengua materna y las más pobres, son las que poseen menos acceso a los satisfactores de necesidades (Roca & Rojas, 2002). Esto concuerda con lo propuesto por Laparra y Pérez (2008), quienes hacen tres observaciones sobre la exclusión social «su origen estructural, su carácter multidimensional y su naturaleza procesual, dinámica» (p. 1). De tal manera, desde una visión multidimensional, se pueden identificar las dimensiones prioritarias donde se debe intervenir (Laparra & Pérez, 2008).

Herrera (1999) realiza un estudio especialmente enfocado en cómo la exclusión social afecta de manera diferenciada a minorías étnicas, utilizando datos de Barcelona, España. Este estudio identifica once privaciones que componen la exclusión: acceso a la vivienda, déficit habitacional, segregación espacial, inserción laboral, renta, sanidad, redes sociales, asociacionismo en defensa de los grupos de interés, existencia de conflicto étnico y estatuto jurídico (Herrera, 1999). Los grupos gitanos son los que se ven más afectados, incluso los migrantes (E. Herrera, 1999). Según Herrera (1999), los gitanos son la etnia que presentan las tasas de analfabetismo más altas, poseen la mayor tasa de desempleo y son el grupo más afectado en cuanto a déficit habitacional.

El aspecto de agencia se manifiesta en la situación de los niños y adolescentes gitanos, quienes enfrentan estigmatización y suelen ser relegados a instituciones educativas exclusivas para gitanos. A partir de los 12 años, muchos comienzan a desertar del sistema educativo debido a la necesidad de incorporarse al mercado laboral para apoyar a sus padres, quienes a menudo están excluidos del empleo formal (Herrera, 1999). Los individuos gitanos se dedican mayormente a actividades comerciales que generan pocos ingresos: venta ambulante, jornaleros y recolección en el campo y actividades de poca productividad (Herrera, 1999). Además, para ser más aceptados en la sociedad, los gitanos se ven compelidos a dejar sus tradiciones de lado e identificarse con los símbolos gitanos (Herrera, 1999).

De igual manera, en el estudio de Muñoz et al. (2022), se pudo encontrar que las variables correspondientes a salud y vivienda poseen los mayores efectos en la probabilidad de experimentar dificultad social en España. El análisis de componentes principales refiere a las variables relevantes: procedencia de ingresos, intensidad en el empleo, situación laboral, búsqueda de empleo, cualificación para el empleo, condiciones de la vivienda, convivencia en el entorno y relaciones familiares, gravedad de los problemas de salud y acceso al sistema sanitario (Muñoz et al., 2022). Todas las variables guardan relación con el aumento de la probabilidad de pasar de un estado de dificultad a otro, en especial si pertenecen a minorías étnicas y son menores de edad, los más afectadas por la pobreza y la exclusión (Herrera, 1999).

En la ciudad de Montevideo, se visualiza una relación entre la exclusión social y la segregación espacial, resultando de la diferenciación social del espacio (Veiga, 2008). Esto viene acompañado de fragmentación del tejido social y vulnerabilidad, lo que agrava la exclusión. Tanto en las variables relacionadas al aspecto económico como al laboral, las regiones más afectadas fueron las de la periferia suburbana y la periferia urbana. De la misma manera, las personas con mayor exclusión son las del sexo femenino. Asimismo, las percepciones de los actores locales arrojaron diferentes consecuencias de la segregación social y espacial entre las cuales se encuentran el empleo precario, la desocupación, los salarios bajos, la desintegración familiar, la drogadicción y el alcoholismo y la emigración (Veiga, 2008).

Una investigación similar realizada en Ecuador reveló que las provincias de la Amazonía, donde residen numerosas comunidades pertenecientes a los pueblos y nacionalidades indígenas, son las más excluidas, y que las provincias que poseen puertos o acceso a rutas comerciales, además de la capital del país, son las menos excluidas (García-Vélez & Contreras, 2019).

Materiales y métodos

La exclusión social no solo se compone de las privaciones singulares, sino de las interacciones y de la interrelación entre las privaciones. Por ello se requiere un indicador que permita evaluar a la exclusión como un fenómeno multidimensional. La metodología cuantitativa estudia el cómo se asocian o relacionan las diferentes variables de análisis y determina la fuerza de la asociación en las relaciones de correlación o de causalidad entre las variables (Pita & Pértegas, 2002). Para examinar cuáles son los determinantes de la exclusión social en pueblos y nacionalidades indígenas, en una primera etapa, se analizan las variables relacionadas con la exclusión social en relación con la diferenciación étnica de los individuos. Luego, se realizan modelos de regresión probabilística con un enfoque espacial, centrado en las regiones del Ecuador.

Para la realización de todas las etapas del análisis se utilizaron datos muestrales de la ENEMDU acumulada anual. La parte descriptiva se realizó para los años 2021, 2022 y 2023 para evaluar el carácter dinámico intertemporal de la exclusión social. Para el análisis inferencial, se emplearon datos del año 2023 por falta de datos de corte longitudinal. Además, se evaluó el efecto que el territorio de residencia de las personas de los pueblos y nacionalidades indígenas tiene sobre la probabilidad de que los individuos sean excluidos.

Indicador de Alkire y Foster
Se elaboró un indicador de exclusión social siguiendo la metodología propuesta por Alkire y Foster (2011). Este indicador se utilizó para medir la exclusión social como fenómeno multidimensional. La metodología de Alkire y Foster (2011) se divide en varias etapas: i) establecer los pesos de cada dimensión según su importancia relativa; ii) identificar las privaciones en cada indicador de cada dimensión; iii) sumar las privaciones ponderadas por los pesos para identificar el porcentaje de privación que cada individuo tiene, y iv) definir quien se considera como excluido o no.
Del indicador se obtienen tres medidas representativas de los efectos del fenómeno en estudio: el porcentaje de personas privadas, definido como la proporción de personas excluidas en relación con la población total o población de análisis; la intensidad de estas privaciones, y el porcentaje de privación de las personas pobres (Alkire & Foster, 2011). El indicador presenta ciertos inconvenientes, pues no cambia si una persona que ya era considerada como excluida se vuelve más excluida, es decir que posee más privaciones y que no se puede determinar cuánto contribuye cada dimensión a la tasa de la población total (Alkire & Foster, 2011).

Dimensiones de la exclusión social

En las investigaciones empíricas revisadas, se identificaron dimensiones relacionadas a las libertades fundamentales e instrumentales, que son la base sobre la que se conformó el indicador multidimensional. Las dimensiones y sus indicadores con autores referentes se encuentran en la tabla 2.

Tabla 2. Dimensiones e indicadores de la exclusión social

Dimensión	Indicador	Investigación
Económica	Ingreso laboral	Roca y Rojas (2002), Veiga (2008), Muñoz (2022)
Económica	Acceso a seguridad social	Muñoz (2022)
Laboral	Desempleo	Roca y Rojas (2002), Herrera (1999), Veiga (2008), Muñoz (2022)
	Subempleo
	Empleo en el sector informal
Sociosanitaria	Acceso a agua por red pública	Roca y Roja (2002), Muñoz (2022)
	Acceso a energía
	Acceso a recolección de basura
	Acceso a saneamiento de excretas
Salud	Desnutrición (Pobreza extrema)	Herrera (1999), Muñoz (2022)
Formativa	Nivel de instrucción	Roca y Rojas (2002), Herrera (1999), Veiga (2008), Muñoz (2022)
Formativa	Analfabetismo
Ciudadanía y participación	Asociación	Muñoz (2022), Jiménez (2008)
Condiciones de la vivienda	Déficit habitacional	Roca y Rojas (2002), Herrera (1999), Muñoz (2022)
	Hacinamiento	Roca y Rojas (2002), Herrera (1999), Muñoz (2022)
	Tipo de vivienda	Herrera (1999)
	Tenencia de la vivienda	Jiménez (2008)

De las ocho dimensiones que componen la exclusión social, la dimensión de comunicación y entretenimiento se omitió debido a la falta de datos en la ENEMDU de 2021, 2022 y 2023 (Jiménez, 2008). La dimensión de salud hace uso de la pobreza extrema por ingresos como variable proxy de la desnutrición debido a que la línea de pobreza extrema está basada en la ingesta mínima de calorías para mantener la eficiencia física.

Modelo económico probabilístico

En aras de analizar la exclusión y cómo esta afecta a los indígenas en el año 2023, se realiza un análisis descriptivo por dimensión de la exclusión, luego, se unifican estas dimensiones en un indicador multidimensional de exclusión social siguiendo la metodología de Alkire y Foster (2011). Finalmente, se operativiza este indicador en modelos probabilísticos. El indicador multidimensional de exclusión constituye la base de las regresiones probabilísticas que se efectuarán. El modelo logit es aquel que se utilizará dentro del artículo debido a que no estima la probabilidad de manera lineal.

Se selecciona un modelo probabilístico debido al carácter dicotómico de la variable de exclusión social resultante de la aplicación de la metodología de Alkire y Foster. Además, se considera que este modelo es una herramienta que aporta significativamente a la identificación de factores que influyen en la propensión de un individuo a ser excluido. Es decir, con una regresión logística se mide el riesgo de una persona a caer en exclusión según los determinantes escogidos (Camarero & del Pino, 2021). De tal manera, una regresión probabilística, en este caso la logística, se considera como la mejor herramienta para lograr el objetivo del estudio.

Resultados y limitaciones
Las dimensiones analizadas en este artículo son i) económica; ii) laboral; iii) sociosanitaria; iv) salud; v) formativa; vi) ciudadanía y participación, y vii) condiciones de la vivienda. En cada dimensión se midió el porcentaje de personas privadas en cada componente, diferenciando a las personas por el grupo étnico. Luego se analiza cómo el pertenecer a la etnia indígena vuelve a un individuo más proclive a ser excluido y los factores que inciden para dicha exclusión haciendo énfasis en la situación del año 2023.
1. Análisis por dimensiones
  1. Dimensión económica
    La etnia indígena es la que posee una mayor proporción de su población sin ingresos laborales. El ingreso laboral es condicionado por la calidad del empleo de los individuos, de tal modo que las personas que se encuentren en desempleo, subempleo o que tengan empleo dentro del sector informal tienen ingresos inferiores a las personas que poseen empleo adecuado (Tuárez et al., 2022). Dentro del Ecuador, se define al salario básico unificado (SBU) como la remuneración mínima que una persona debe recibir producto de un trabajo de 40 horas semanales (Pacheco et al., 2020); alguien privado de ingresos laborales es aquel que posee ingresos mensuales menores a la mediana del ingreso o al SBU. Dentro de los tres años de análisis, los pueblos y nacionalidades indígenas son la etnia con mayor porcentaje de privación en ingreso laboral. En el año 2021, el 74,38 % de sus individuos poseen ingresos producto del trabajo por debajo de la mediana poblacional o del SBU, y en el año 2023 pasa a ser el grupo étnico más afectado con un 75,94 % de su población en privación. En contraste, durante el tiempo de estudio, las otras etnias presentan una reducción en el porcentaje de sus individuos privados en ingreso laboral.
    Dentro de la dimensión económica es igualmente importante la red de apoyo pública y la seguridad social. En el Ecuador, tres instituciones diferentes proporcionan seguridad social: el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL) y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). La seguridad social brindada por las tres instituciones cubre atención médica y pago de pensiones por jubilación; sin embargo, el IESS brinda tres tipos diferentes de seguridad social: seguro general, seguro voluntario y seguro campesino.
    Se constata que los pueblos y nacionalidades indígenas son el grupo que posee menos acceso a la red de apoyo que brinda la seguridad social con más del 80,00 % de su población sin acceso; en contraste, las otras etnias tienen menos del 65 % de su población en esta situación. Además, la privación en acceso a la seguridad social aumenta en la etnia indígena, pasando de 81,22 % a 85,65 % del 2021 al 2023. Esta trayectoria es seguida por los negros y los mulatos, ya que los blancos y afroecuatorianos presentan reducciones de no menos 3 puntos porcentuales. Además, los mestizos también ven reducido su porcentaje de privación en seguridad social, pero únicamente en 0,29 puntos porcentuales.
  2. Dimensión laboral
    La etnia indígena posee únicamente a un 1,61 % de su población dentro del desempleo, sin distinguir entre empleo de calidad y empleo precario. Los pueblos y nacionalidades indígenas, a pesar de ser la segunda división étnica menos afectada por el subempleo, posee porcentajes similares a los de las demás agrupaciones étnicas, con el 21,20 %, 18,10 % y 15,02 % de su población en subempleo en los años 2021, 2022 y 2023 respectivamente. Las demás etnias revelan porcentajes de subempleo alrededor del 20,00 % resaltando los montuvios y mulatos con porcentajes más cercanos o superiores al 30,00 %.
    Los pueblos y nacionalidades indígenas poseen a más de tres cuartos de su población dentro del sector informal, llegando al 2023 al 83,61 % de su población dentro de este sector. La distancia con los demás grupos étnicos es considerable, en especial con los afroecuatorianos, los mestizos y los blancos, con quienes divergen en más de 35 puntos porcentuales. El empleo informal también tiene efectos en el acceso a la seguridad social, con un acceso reducido por parte de los indígenas.
  3. Sociosanitaria
    Los pueblos y nacionalidades indígenas son el único grupo que ve su acceso al agua disminuir, durante el periodo en estudio, en 11,34 puntos porcentuales. Por otro lado, las etnias mestiza, blanca y afroecuatoriana presentan un mayor acceso al agua por red pública, con menos del 20,00 % de su población sin acceso al servicio.
    El indicador de acceso a la energía eléctrica considera tanto la energía adquirida por medios privados como públicos. Igual que con el acceso al agua, los pueblos y nacionalidades indígenas poseen porcentajes de acceso bajos en comparación con las demás etnias, siendo el único grupo que ve empeorar su acceso a electricidad, pasando del 5,77 % de su población privada de energía a un 6,46 % entre el 2021 y el 2023. Esto contrasta con los porcentajes nacionales, que llegan a un máximo de 0,91 % de individuos sin acceso a electricidad en 2023.
    El acceso a la recolección de basura por parte de las municipalidades es igualmente deficiente para pueblos y nacionalidades indígenas, como para los montuvios. Dentro de los tres años, ambos grupos étnicos tienen el 40,00 % de individuos de sus respectivas poblaciones que no cuentan con el servicio de recolección de basura, mientras que las otras etnias tienen aproximadamente el 10,00 % de personas sin acceso.
    El saneamiento de excretas es uno de los servicios más importantes para evitar la proliferación de enfermedades (Caluña et al., 2020). El indicador asociado a este servicio clasifica como privaciones las disposiciones de excretas por medios distintos al alcantarillado o pozo séptico. Los pueblos y nacionalidades indígenas figuran como el grupo étnico con menor acceso al saneamiento de excretas llegando al 34,72 % de personas privadas en 2023. La diferencia con otras etnias es marcada, ya que ninguna sobrepasa el 25,00 % de individuos privados del servicio. Esta privación no solo reduce el bienestar de las personas, sino que además representa un riesgo para su salud.
    La disparidad en el acceso a este servicio está relacionada con la zona de residencia. Para el año 2023, la mayoría de las personas indígenas (83,10 %) vive en la ruralidad.
  4. Salud
    La desnutrición se evalúa usando a la pobreza extrema como variable proxy, esto debido a que dentro del Ecuador se define la línea de pobreza extrema como el nivel de ingreso mínimo para poder consumir los nutrientes y calorías necesarias para mantener un desempeño deseable y no perder masa muscular. Cuando se evalúa la pobreza extrema, se observa que las agrupaciones menos afectadas son los individuos que pertenecen a la etnia blanca y a la mestiza, ya que en ninguno de los años rebasan el 10,00 % de personas en pobreza extrema. Los afroecuatorianos y montuvios se ven más afectados que los grupos previamente mencionados, pero de manera similar estos no superan el 15,00 % y poseen trayectorias decrecientes. Por otro lado, el 52,00 % de los pueblos y nacionalidades indígenas se encuentran en pobreza extrema, porcentaje que aumentó 3 puntos porcentuales durante el periodo en estudio. A pesar de ser la población con mayor porcentaje de sus individuos trabajando en actividades agrícolas, ganaderas y silvícolas destinadas al autoconsumo, son la división étnica que posee un mayor número de sus miembros en riesgo de desnutrición; esto refleja que los pueblos y nacionalidades indígenas no perciben los beneficios de los bienes que producen.
  5. Formativa
    El indicador de nivel de instrucción está conformado por tres componentes: i) la inasistencia tanto a Educación Básica como Bachillerato, ii) la existencia de logro educativo incompleto y iii) el no acceso a educación superior por razones económicas, por tener que ayudar en los quehaceres del hogar, por la inexistencia de un establecimiento educativo o por la falta de recursos tecnológicos. El indicador referente al analfabetismo, por su parte, se centra en los individuos mayores a 14 años que no saben ni leer ni escribir.
    Al analizar el nivel de instrucción, se confirma que la etnia indígena es la más afectada. Aunque la proporción de personas con esta privación disminuyó entre 2021 y 2023, sigue siendo elevada, ya que no baja del 40 %. Por otra parte, aunque los demás grupos étnicos son privados en el nivel de instrucción, sus valores son lejanos a los obtenidos por los individuos pertenecientes a los pueblos y nacionalidades indígenas. Los afroecuatorianos presentan una trayectoria creciente y en 2023 alcanzan un máximo de 30,76 %. Por su parte, los mestizos presentan una evolución contraria, pasando de 27,28 % en 2021 a 26,05 % en 2023, al igual que negros y mulatos, pasando de 39,10 % en 2021 a 37,30 % en 2023 y de 32,26 % a 31,09 %, respectivamente. Dentro del analfabetismo las demás etnias se encuentran mucho más cercanas a la etnia indígena.
  6. Ciudadanía y participación
    La dimensión de ciudadanía y participación toma como base la asociación de la cual los individuos de las diferentes etnias son partícipes. En aras de medir esta asociación, se toma en cuenta a las personas que pertenecen a una organización asociativa dentro sus trabajos, ya que las cooperativas u otras organizaciones de carácter asociativo fomentan la participación ciudadana (Fernández, 2006). En contraste con otras dimensiones, los porcentajes de privación son bajos y cercanos entre las etnias. A pesar de esto, las personas de los pueblos y nacionalidades indígenas que pertenecen a una organización asociativa dentro del trabajo representan una menor proporción que las de otras etnias con tan solo el 7,28 % de los miembros de la etnia indígena que no pertenecen a ninguna institución de carácter asociativo dentro del trabajo.
  7. Condiciones de la vivienda
    El déficit habitacional hace referencia a las condiciones del techo, el piso y las paredes de una vivienda, en cuanto a su material de construcción y a su estado de deterioro. El grupo étnico que posee las peores condiciones de techo, piso y paredes dentro de sus viviendas en 2023 es el de los montuvios, con un 83,35 % de su población habitando viviendas con déficit de materiales y mala condición. Los pueblos y nacionalidades indígenas figuran como el segundo grupo con menos acceso a viviendas con condiciones materiales no deficientes, pasando del 70,84 % al 74,64 % en el periodo de estudio. Ambas etnias se encuentran por encima de los promedios nacionales de privación en este indicador, que se ubican alrededor del 50,00 %.
    El indicador de hacinamiento considera como privados a aquellos individuos que residan en viviendas donde la relación de personas por dormitorios sea mayor a tres. En 2021, el 20,90 % de los pueblos y nacionalidades indígenas habita en hogares en hacinamiento, pasando al 27,62 % de su población en esta condición luego de 3 años. Es la etnia con mayor nivel de hacinamiento.
    A pesar de que una proporción considerable de personas de los pueblos y nacionalidades indígenas reside en viviendas que no poseen las condiciones materiales idóneas o en hacinamiento, la propiedad de la vivienda es predominantemente propia, con un 79,6 %. Por otra parte, grupos étnicos como los mestizos y blancos son los que poseen en menor proporción propiedad sobre sus viviendas; en promedio, un 34,14 % y un 42,57 %, respectivamente, no habita en vivienda propia, lo que coincide con los porcentajes nacionales, que rondan el 30,00 %.
    Por último, el tipo de vivienda donde habitan las personas son de seis diferentes clases: i) casa o villa; ii) departamento; iii) cuartos en casa de inquilinato; iv) mediagua; v) rancho o covacha, y vi) choza. Se considera a alguien como privado cuando no reside en una casa, villa, o departamento. A nivel nacional, la proporción de personas que no habitan en este tipo de vivienda se aproxima al 10,00 %. Sin embargo, la etnia más afectada es la de los pueblos y nacionalidades indígenas, que en 2021 presenta al 25,01 % de su población habitando en cuartos, mediaguas, covachas o chozas, y para el 2023 aumenta al 31,50 %.
  8. Indicador de exclusión social

Para la construcción del indicador es necesario asignar una importancia relativa (peso) a cada una de las dimensiones, siguiendo 2 condiciones: la suma de la totalidad de los pesos debe ser igual a 1 y los pesos asignados a libertades instrumentales deben ser menores a los asignados a libertades fundamentales. Cualquier combinación de pesos que cumpla estas dos condiciones es pertinente para la construcción del indicador. A las dimensiones asociadas a las libertades fundamentales se asignó el peso de 0,15 y a las libertades instrumentales, el peso de 0,10, debido a que las primeras se consideran de mayor importancia por estar relacionadas con la supervivencia y la agencia de las personas. Por ello, se considera que aquellas libertades estrictamente necesarias deben poseer un mayor peso, dado que sirven de punto de partida para la creación de otras libertades. Este indicador multidimensional permite obtener tanto la tasa de exclusión como la intensidad de la exclusión.

El indicador de exclusión social es creado como una variable donde se establece a los individuos excluidos como contraparte de los no excluidos. Para ello, se selecciona un punto de corte desde el cual se asigna la condición de excluido o no al individuo. Se determinó que toda persona que tenga privaciones mayores al 35,00 % será considerada excluida.

La tasa de exclusión social refleja el porcentaje de personas excluidas dentro de cada grupo étnico. A nivel nacional, esta tasa podría considerarse relativamente baja, ya que ronda el 14,00 %. Sin embargo, los pueblos y nacionalidades indígenas presentan tasas significativamente más altas, superando el 35,00 % y alcanzando un máximo del 44,75 % en 2023. Por otro lado, la etnia mestiza reporta un promedio del 11,33 % de exclusión social entre 2021 y 2023, mientras que la etnia blanca, la menos afectada, tiene un promedio de 10,91 %. Las etnias de afroecuatorianos, negros y mulatos tienen en promedio al 15,17 %; 27,84 % y 21,30 % de sus individuos excluidos, respectivamente. Por último, la etnia montuvia figura como el grupo con los porcentajes más altos de exclusión, solo por detrás de los pueblos y nacionalidades indígenas en 19,90 puntos porcentuales en 2023.

La tasa de exclusión social posee un limitante en el análisis: no mide que tan profunda es la exclusión de los individuos. Si una persona ya considerada excluida incrementa sus privaciones, la tasa no reflejaría este cambio. En este contexto, la intensidad de la exclusión social, que mide el porcentaje promedio de privaciones entre los excluidos, es un indicador clave. A nivel nacional, la intensidad de exclusión social se sitúa alrededor del 45,00 %.

A pesar de que la etnia indígena sigue siendo la más afectada, ya que en promedio los excluidos indígenas tienen una privación del 48,65 % en el 2021, llegando al 49,39 % en 2023, las demás etnias encuentran en su población excluida porcentajes similares de privaciones promedio. En ningún caso, la privación promedio de los individuos indígenas supera por más de 10 puntos porcentuales a la de otros grupos excluidos. Esto se observa de mejor manera cuando se evalúa a las etnias menos afectadas en la tasa de exclusión social: mestizos y blancos. La etnia blanca presenta porcentajes de 44,16 % en 2021 y 42,89 % en 2023. Por su parte, la etnia mestiza tiene una intensidad de la privación de 44,51 % en 2021 y 43,71 % en 2023. Los afroecuatorianos presentan en promedio, entre los tres años, una media de privaciones para sus individuos excluidos del 45,26 % y los montuvios de 44,09 %. Por otra parte, los negros y mulatos presentan promedios de 47,29 % y 45,60 %, respectivamente.

Estas cifras demuestran que, aunque la tasa de exclusión social de los pueblos y nacionalidades indígenas es la más alta y sigue aumentando, la intensidad de su exclusión no presenta una diferencia sustancial en comparación con otros grupos étnicos. Esto podría explicarse por factores como el componente dinámico y la expansión de la exclusión, tal como lo plantean Tezanos (1999) y Atkinson y Hills (1998), lo que sugiere que los pueblos indígenas son más vulnerables a ser excluidos debido a las características estructurales de su situación socioeconómica.

Exclusión por etnia

El componente dinámico de la exclusión debe ser observado con el paso del tiempo; sin embargo, los datos disponibles para el Ecuador es para los años 2018 al 2023, ya que son los únicos en los cuales se realizaron encuestas acumuladas anuales. A pesar de esta limitación, la evaluación de cuán proclives son los indígenas a caer en una situación de exclusión social durante los tres años analizados constituye un punto de partida fundamental para los modelos logit empleados en el estudio.

El primer modelo (1) se encarga de evaluar si el grupo étnico al que se pertenece influye en la probabilidad de un individuo a ser excluido. Dentro del modelo se omitió al grupo étnico mestizo debido a su alta proporción dentro de la población ecuatoriana, que alcanza aproximadamente el 77 % del total. Así mismo, se agrupó a las etnias afroecuatoriana, negra y mulata en una sola categoría, de aquí en adelante referidos como afroecuatorianos.

(1)

Dentro del modelo se evidencia que el pertenecer a los pueblos y nacionalidades indígenas aumenta la posibilidad de ser excluido en 22,40 puntos porcentuales, con respecto a los mestizos. Los demás grupos étnicos presentan una probabilidad menor de ser excluidos sociales. El grupo que más se acerca es el de los montuvios con una probabilidad de 12,09 puntos porcentuales. Por otro lado, el formar parte del grupo de afroecuatorianos incrementa la probabilidad en 9,67 puntos porcentuales. Por último, los individuos de la etnia blanca presentan un aumento de únicamente 0,87 puntos porcentuales de probabilidad de ser excluidos; el coeficiente para la etnia blanca no es significativo al 95,00 % de confianza.

Al momento de cambiar el enfoque de la pobreza al de exclusión social en los modelos, se toman en cuenta factores como el grupo etario al cual pertenece el individuo, el sexo, el área donde reside (urbana o rural), si es discapacitado y el área de trabajo donde se encuentran. Las variables independientes se clasifican dentro de dos grupos: dicotómicas y ordinales. Las variables sexo, área y discapacidad son dicotómicas, y en cada caso se omitió una de las categorías. Por su parte, la edad y la rama de actividad económica se clasifican como variables ordinales. Los detalles sobre las variables, sus niveles y las categorías omitidas se presentan en la tabla 3.

Tabla 3. Variables y niveles

Variable	Tipo de variable	Niveles	Nivel de referencia (omitido)
Grupo etario	Ordinal	Infantes	Infantes
		Niños/as
		Adolescentes
		Jóvenes adultos
		Adultos
		Tercera edad
Sexo	Dicotómica	Hombre	Hombre
		Mujer
Área	Dicotómica	Urbano	Urbano
		Rural
Discapacidad	Dicotómica	No discapacitado	No discapacitado
		Discapacitado
Rama de actividad económica	Ordinal	Agricultura, ganadería, caza y silvicultura	Administración pública, defensa y seguridad social
		Explotación de minas y canteras
		Industrias manufactureras
		Suministros de electricidad, gas, aire acondicionado
		Distribución de agua, alcantarillado;
		Construcción
		Comercio, reparación de vehículos
		Transporte y almacenamiento
		Actividades de alojamiento y servicios de comida
		Información y comunicación
		Actividades financieras y de seguros
		Actividades inmobiliarias
		Actividades científicas
		Actividades y servicios administrativos y de apoyo
		Administración pública, defensa y seguridad social
		Enseñanza
		Actividades de servicios sociales y de salud
		Artes, entretenimiento y recreación
		Otras actividades de servicios
		Actividades en hogares privados con servicio doméstico
		Actividades de organizaciones extraterritoriales

Fuente: INEC.

Elaboración: Autores

La pobreza y la exclusión social son fenómenos interrelacionados, por lo que es pertinente ver si estos factores tienen efectos similares cuando se evalúa la pobreza (Roca & Rojas, 2002). Se utilizaron dos modelos, uno que evalúa la probabilidad de que un indígena caiga en pobreza según el grupo de edad al que pertenece y otro donde se toma en cuenta las ramas de actividad económica. Esto se debe a que, dentro del Ecuador, las personas no pueden trabajar legalmente antes de los 16 años, y pueden hacerlo de los 16 a 18 años únicamente con el permiso expreso de sus padres.

Al analizar la pobreza por ingresos en pueblos y nacionalidades indígenas, los grupos más jóvenes muestran una mayor propensión a caer en esta condición. En cuanto al sexo, las mujeres indígenas tienen una probabilidad 2,88 puntos porcentuales más alta de ser pobres, consistente con hallazgos de otras investigaciones. De la misma manera, el que un indígena viva en la zona rural aumenta la probabilidad de ser pobre en 10,91 puntos porcentuales y el que un individuo indígena sea discapacitado aumenta la probabilidad de que sea pobre en 33 puntos porcentuales.

Con respecto a la administración pública, todas las ramas laborales en las que trabaje un individuo indígena aumentan la probabilidad de que sea pobre, especialmente las ramas más relacionadas con el sector rural. Es decir, la de agricultura, ganadería, caza y silvicultura aumenta la probabilidad de ser pobre para una persona indígena en 37,42 puntos porcentuales. Los coeficientes del segundo y tercer modelos pueden ser observados a detalle en la tabla 4.

(2)

(3)

Tabla 4. Pobreza dentro de la etnia indígena

Variable	Modelo 2	Modelo 3
Variable	Efecto marginal	Efecto marginal
Niños/as	-1,59472 (0,0085473)
Adolescentes	-1,82620 (0,0093023)
Jóvenes adultos	-13,84353 (0,0088941)	-11,73072 (0,0228774)
Adultos	-15,47054 (0,0094414)	-13,17709 (0,0220358)
Tercera edad	-17,94608 (0,0128528)	-23,3408 (0,1140942)
Mujer		2,88485 (0,0064782)
Rural		10,91721 (0,0142209)
Discapacidad (recibe bono JGL)		33,03371 (0,047538)
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura		37,41884 (0,0149426)
Explotación de minas y canteras		6,42935 (0,0196613)
Industrias manufactureras		12,65423 (0,0110442)
Suministros de electricidad, gas y aire acondicionado		6,0661 (0,0293968)
Distribución de agua, alcantarillado		9,21614 (0,0453879)
Construcción		21,92397 (0,01536)
Comercio, reparación de vehículos		14,98989 (0,0103989)
Transporte y almacenamiento		13,89956 (0,0143132)
Actividades de alojamiento y servicios de comida		15,51576 (0,013139)
Información y comunicación		27,9426 (0,0157793)
Actividades financieras y de seguros		0,24925 (0,0084116)
Actividades inmobiliarias		2,37947 (0,0185514)
Actividades científicas		2,24784 (0,0094917)
Actividades y servicios administrativos		16,07878 (0,0149278)
Enseñanza		0,54556 (0,0063755)
Actividades de servicios sociales y de salud		3,21091 (0,0115851)
Artes, entretenimiento y recreación		12,26553 (0,0265238)
Otras actividades de servicios		26,71143 (0,0249229)
Actividades en hogares privados con servicios doméstico		10,65211 (0,0125828)
Actividades en organizaciones extraterritoriales		No estimable

Fuente: INEC

Elaboración: Autores

Pertenecer a los pueblos y nacionalidades indígenas es determinante en la exclusión social, pero dentro de la misma etnia existen individuos más proclives a ser excluidos.

Una persona perteneciente a los pueblos y nacionalidades indígenas que sea un joven adulto o adulto tiene una probabilidad mayor de ser excluido en 1,48 y 0,45 puntos porcentuales. Las mujeres indígenas son más proclives a ser excluidas sociales en 2,45 puntos porcentuales. Respecto al área geográfica se observa que los individuos de los pueblos y nacionalidades indígenas del área rural ven incrementada su probabilidad de exclusión en 15,51 puntos porcentuales. Por último, un individuo discapacitado que pertenece a los pueblos y nacionalidades indígenas tiene más probabilidades de ser excluido en 16,48 puntos porcentuales. Todas las variables son significativas excepto los niveles de actividades financieras, actividades inmobiliarias y enseñanza.

En cuanto a las actividades económicas indígenas, se observan resultados variados y positivos en relación con la categoría omitida, que es la administración pública, defensa y seguridad social. Los indígenas que trabajan dentro de la rama donde se encuentra la mayor proporción de su población empleada —la agricultura, ganadería, caza y silvicultura— poseen una probabilidad de 48,84 puntos porcentuales mayor de ser excluidos. Así, la mayoría de la población empleada de los pueblos y nacionalidades indígenas son más proclives a ser excluidos. Por otra parte, la actividad económica que aumenta en menor nivel la probabilidad de ser excluido es la de actividades financieras con 0,02 puntos porcentuales.

Factores como el sexo y el área de residencia tienen un impacto significativo en el riesgo de exclusión social. La segregación espacial, en particular, emerge como el factor con mayor influencia en la probabilidad de exclusión, afectando especialmente a los pueblos y nacionalidades indígenas. La matriz de confusión asociada al quinto modelo ofrece resultados mejores desde el punto de vista estadístico. Dentro del modelo, un 77,87 % de casos son clasificados correctamente, con un punto de corte de 0,18.

De manera contraria, el resultado observado en las mujeres indígenas es consistente a lo advertido en otras investigaciones. Las causas de esta vulnerabilidad son tanto culturales como económicas, ya que las mujeres suelen tener ingresos más bajos y menor acceso al empleo formal (Damonti, 2014). Asimismo, vivir en áreas rurales incrementa la probabilidad de exclusión en comparación con residir en zonas urbanas, lo que confirma la relación entre exclusión social y segregación espacial (Veiga, 2008).

Como se observó, existe un traslado de los individuos indígenas de las áreas urbanas a las áreas rurales. En general, la segregación espacial se hace hacia las periferias de las ciudades, lo que concuerda con la migración indígena hacia el área rural. Las áreas donde habitan los excluidos se convierten en objeto de exclusión (Veiga, 2008). Los individuos de los pueblos y nacionalidades indígenas migran al campo a causa de la exclusión, sin embargo, hay una mayor probabilidad de ser excluidos en el área rural.

La matriz de confusión del segundo modelo indica que logró clasificar correctamente el 75,94 % de los casos. Esto significa que, de cada 10 casos, el modelo estima correctamente aproximadamente 7,5, tomando como punto de corte una probabilidad de exclusión social del 23,00 %. Este punto de corte corresponde a la intersección de las curvas de sensibilidad y especificidad. Los efectos marginales asociados a los modelos 4 y 5 se detallan en la tabla 5.

(4)

(5)

Tabla 5. Exclusión social dentro de los pueblos y nacionalidades indígenas

Variable	Modelo 4	Modelo 5
Variable	Efecto marginal	Efecto marginal
Niños/as	-0,20526 (0,00414)
Adolescentes	1,59518 (0,0060748)
Jóvenes adultos	9,67165 (0,0078633)	1,478 (0,0246582)
Adultos	12,68699 (0,0078685)	0,450035 (0,0258078)
Tercera Edad	1,6088 (0,0090767)	-16,85451 (0,0260806)
Mujer		2,5076 (0,0072605)
Rural		15,51029 (0,0131597)
Discapacidad (recibe bono JGL)		16,47609 (0,0595608)
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura		48,83623 (0,0134972)
Explotación de minas y canteras		15,61911 (0,0312909)
Industrias manufactureras		19,60882 (0,0136744)
Suministros de electricidad, gas y aire acondicionado		8,6447 (0,0311976)
Distribución de agua, alcantarillado		10,52909 (0,0447669)
Construcción		39,46651 (0,0171464)
Comercio, reparación de vehículos		21,91955 (0,0101482)
Transporte y almacenamiento		23,06805 (0,0152037)
Actividades de alojamiento y servicios de comida		27,05186 (0,0138527)
Información y comunicación		1,94041 (0,0070392)
Actividades financieras y de seguros		0,02235 (0,0020956)
Actividades inmobiliarias		5,05982 (0,00284273)
Actividades científicas		4,62138 (0,0101052)
Actividades y servicios administrativos		28,33251 (0,0169936)
Enseñanza		3,07916 (0,0054956)
Actividades de servicios sociales y de salud		6,46927 (0,0128812)
Artes, entretenimiento y recreación		14,12116 (0,023756)
Otras actividades de servicios		36,82334 (0,0204637)
Actividades en hogares privados con servicios doméstico		20,27746 (0,0143267)
Actividades en organizaciones extraterritoriales		No estimable

Fuente: INEC

Elaboración: Autores

La pobreza, por otro lado, es un elemento que alimenta y se ve alimentado por la exclusión (Roca & Rojas, 2002). La evidencia no contradice este planteamiento, de hecho, un indígena excluido aumenta en 34,96 puntos porcentuales la probabilidad de ser pobre. Por otra parte, una persona de los pueblos y nacionalidades indígenas que ya es pobre posee una probabilidad mayor en 27,60 puntos porcentuales de ser excluido. Estos resultados remarcan el carácter circular de la relación entre pobreza y exclusión que recalcan Roca y Rojas (2002).

(6)

(7)

Exclusión social en indígenas con enfoque regional

Es pertinente analizar la segregación espacial y el cómo las regiones donde se ubican los excluidos se vuelven territorios objeto de la exclusión. Habitar en ciertas regiones influye en la probabilidad de los individuos indígenas de ser excluidos. El territorio ecuatoriano se dividió en seis regiones geográficas. La región insular, que se toma como categoría de referencia u omitida, posee únicamente a la provincia de Galápagos. Esto porque es la región donde habitan menos indígenas y no existe ninguna comunidad nativa. Por su parte, la región Costa comprende siete provincias, mientras que la región Sierra, con la mayor concentración de comunidades indígenas, se subdividió en tres zonas: sierra norte (tres provincias), sierra centro (cuatro provincias) y sierra sur (tres provincias). Finalmente, la región Amazónica abarca seis provincias.

Con respecto a la región insular todas las regiones aumentan la probabilidad de que un individuo indígena sea excluido social. La razón de esto reside en que la provincia de Galápagos tiene indicadores sociales en general mejores que el resto de las regiones o provincias del Ecuador. La región Costa aumenta en 10,28 puntos porcentuales la probabilidad de que un individuo indígena sea excluido, a pesar de que es la región donde se ubican los grandes puertos comerciales del país y se realizan actividades económicas de pesca y agricultura. Sin embargo, el ingreso derivado de estas actividades no se traslada a los indígenas.

Por otro lado, la región que menos aumenta la probabilidad de que una persona perteneciente a los pueblos y nacionalidades indígenas sea excluida es la sierra norte, concretamente aumenta en 5,36 puntos porcentuales. En lo que respecta a las personas indígenas que habitan la sierra centro y sierra sur, estas ven sus probabilidades de ser excluidas aumentar en 17,76 y 10,32 puntos porcentuales, respectivamente. Por último, la región en la que los individuos indígenas son más proclives a ser excluidos es la región de la Amazonía. Esta región abarca al 31,89 % de la población indígena, además alberga a la principal actividad económica del Ecuador: la extracción petrolera. En esta región, la probabilidad de que se excluya a un individuo de los pueblos y nacionalidades indígenas aumenta en 48,51 puntos porcentuales, se infiere entonces que las rentas derivadas de la extracción petrolera no llegan a los pueblos y nacionalidades indígenas de dicha región.

Los resultados aquí expuestos coinciden con los hallazgos de otras investigaciones como el de García-Vélez y Contreras (2019) quienes encontraron que las provincias del Ecuador más excluidas son las que se ubican dentro de la región amazónica.

Conclusiones y discusión

En esta investigación, para examinar los determinantes que en el 2023 generaron exclusión social en los pueblos y nacionalidades indígenas en Ecuador, se analizó la exclusión social, entendiéndola como el conjunto de privaciones de elementos necesarios para mantener la vida y crear capacidades. El acceso a los elementos tratados permite expandir las libertades reales de los individuos, debido a que se relacionan con su supervivencia y el aumento de oportunidades. Las libertades reales se componen por libertades fundamentales e instrumentales. Por una parte, las libertades fundamentales se conforman por factores indispensables para mantener la vida y las libertades instrumentales se relacionan con el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Las libertades fundamentales e instrumentales son importantes, ya que conforman la base sobre la cual se sustenta la vida. Así pues, una deficiencia en las necesidades relacionadas a estos dos tipos de libertades restringe la creación de capacidades, reducen el bienestar e impiden el desarrollo.

La exclusión social se concentra sobre todo en grupos desfavorecidos como las minorías étnicas. En Ecuador, los pueblos y nacionalidades indígenas conforman el grupo que posee mayores privaciones en elementos que satisfacen necesidades básicas para la vida y para la formación de capacidades. Los pueblos y nacionalidades indígenas son más privados del acceso a bienes, servicios, ingresos y empleo adecuado que los demás grupos étnicos. La incidencia en la privación de elementos indispensables para el desarrollo de capacidades es mayor dentro de los pueblos y nacionalidades indígenas, pero también se diferencia por diversos factores al interior de estos.

Por consiguiente, se determinó que dentro del Ecuador existe exclusión social. Se identificaron tanto los elementos como las dimensiones de este fenómeno, para pasar a una evaluación sobre cómo se estructuran estas últimas. Tomando en cuenta las etapas anteriores, se evaluó cómo la exclusión social afecta de manera diferenciada por grupo étnico, utilizando estadística descriptiva por cada dimensión y modelos logit en uso del indicador multidimensional, para analizar la exclusión como un fenómeno conjunto. Por último, se evaluó la exclusión social dentro de la etnia indígena analizando sus determinantes dentro de este grupo étnico.

Dentro del Ecuador, la exclusión se compone por siete dimensiones, relacionadas tanto con la sustentación de la vida como con la creación de capacidades. En el país existe exclusión social, ya que una gran cantidad de personas se encuentra privada de bienes, servicios o aspectos económicos que imposibilitan el acceso a funcionamientos que crean capacidades. Dentro del territorio ecuatoriano, un 14,27 % de las personas son excluidas socialmente.

La dimensión económica de la exclusión está relacionada con las libertades fundamentales, considerando que el ingreso es un medio de adquisición de bienes y servicios que satisfacen necesidades básicas. Los pueblos y nacionalidades indígenas son los más privados de ingreso laboral, es decir, perciben ingresos producto de su trabajo menores a la mediana poblacional del ingreso laboral o al salario básico unificado. Este resultado contrasta con el obtenido en la etnia blanca, puesto que prácticamente el doble de personas indígenas está privada de ingreso laboral en comparación a la etnia blanca. Además, la situación de privación de ingresos laborales de los indígenas empeora con el tiempo. En base a los resultados obtenidos, se infiere que esto se debe a que las actividades económicas que se realizan en el área rural del Ecuador perciben menos ingresos y son de baja productividad, lo que empeora la situación de los indígenas, especialmente, cuando se observa que una mayor proporción de estos habita en el área rural del país, producto de la segregación espacial asociada a la exclusión social.

La dimensión laboral contribuye a la exclusión social de la etnia indígena. Los pueblos y nacionalidades indígenas son el grupo que posee un mayor acceso al empleo, a pesar de esto, sus ingresos son bajos. Los bajos ingresos están relacionados con la calidad del empleo y en donde están empleadas las personas indígenas. Un gran porcentaje de los indígenas se ve afectado por el subempleo y el empleo informal. Los indígenas que trabajan dentro del sector informal representan una proporción superior al de otras etnias.

Otro aspecto importante del cual la etnia indígena se encuentra privada es la seguridad social, a pesar de la existencia del seguro social campesino, diseñado específicamente para enfocarse en las personas que habitan el área rural. Los indígenas son el grupo étnico que menos se beneficia de la red de apoyo pública, lo que, junto con sus ingresos bajos, hace que estos tengan menos posibilidades de cubrir eventualidades relacionadas a la salud o accidentes. Las personas de los pueblos y nacionalidades indígenas ven reducidas sus posibilidades de retirarse y se ven obligadas a mantenerse en el mercado laboral hasta edades avanzadas, a no ser que sus allegados los mantengan, generando una carga económica para la familia.

La carencia de empleo, ingresos y soporte económico se conjuga con una deficiencia en los servicios sociosanitarios básicos. Los pueblos y nacionalidades indígenas son los que peores servicios poseen, ya que son el grupo que tiene menos acceso a energía eléctrica, agua por red pública, saneamiento de excretas y recolección de basura. La falta de acceso a energía eléctrica condiciona la creación de las capacidades debido a que limita su acceso a herramientas educativas como el internet. La falta de acceso a agua por red pública, a saneamiento de excretas y a recolección de basura son un riesgo sanitario, lo que, junto con la falta de capacidades económicas, laborales y, sobre todo, con la falta de acceso a seguridad social, aumenta el riesgo salubre de los pueblos y nacionalidades indígenas. Se sostiene que la conjunción de las privaciones económicas, laborales y socio sanitarias limitan la creación de capacidades de los pueblos y nacionalidades indígenas, ya que estos no pueden cubrir las eventualidades relacionadas a la salud, que representan gastos sustanciales; su supervivencia se ve condicionada por la imposibilidad de acceder a servicios de calidad.

La vulnerabilidad aumenta cuando se observa el riesgo de desnutrición. Más de un tercio de las personas indígenas están en pobreza extrema por ingresos, lo que se traduce en la imposibilidad de adquirir una canasta que satisfaga sus necesidades calóricas para mantener un desempeño corporal deseable y no perder masa muscular. De tal manera, los indígenas no solo poseen mayor riesgo de caer en desnutrición, sino de contraer enfermedades por las condiciones sociosanitarias en las que viven. Además, el poco acceso a seguridad social y los bajos ingresos hacen que las personas de pueblos nacionalidades indígenas tengan una menor posibilidad de cubrir los gastos asociados a enfermedades y desnutrición. Todas estas dimensiones representan una falta de libertades fundamentales relacionadas al mantenimiento de la vida, lo que impide la creación de capacidades. En base a esto, se argumenta que las condiciones de vida deficientes relacionadas a las libertades fundamentales imposibilitan que los pueblos y nacionalidades indígenas desarrollen capacidades que les permitan desarrollarse.

El acceso a educación es una de las herramientas indispensables para la creación de capacidades. Más de 6 de cada 10 individuos de los pueblos y nacionalidades indígenas se ven especialmente privados del nivel de instrucción al que acceden, lo que contrasta de gran manera con la privación de otras etnias, en especial con la mestiza, que solo tiene un 26,05 % de su población en esta situación. Además, los indígenas son el grupo con el mayor porcentaje de personas analfabetas, lo que resulta especialmente preocupante dado que la capacidad de leer y escribir es la base para adquirir libertades y mejorar el bienestar. Se infiere además que las privaciones de carácter educativo se relacionan con las privaciones en otras dimensiones, ya que, por ejemplo, truncan el acceso a trabajos de ingresos altos.

Asimismo, poder participar dentro de la vida en sociedad y sobre todo dentro de las instituciones políticas del país, es esencial para poder cambiar la situación de exclusión. La asociatividad les ayuda a obtener poder político y de participación. Dentro de los trabajos esto es igualmente importante; sin embargo, los pueblos y nacionalidades indígenas representan la población que pertenece en menor medida a instituciones asociativas, y esto limita su poder de negociación.

Las viviendas donde habitan los pueblos y nacionalidades indígenas representan una privación. Los materiales de las viviendas son deficitarios y no poseen los suficientes dormitorios para las personas que residen en ellas; cerca del 30 % de la población indígena vive en hacinamiento. Estas privaciones también condicionan la facultad de creación de capacidades, ya que afectan a la necesidad de refugio de las personas.

Estas dimensiones se entrelazan y contribuyen a la configuración de la exclusión social. La etnia indígena es la más afectada, con un 44,75 % de su población en situación de exclusión, porcentaje que además muestra una tendencia al alza con el tiempo, lo que dificulta la formación de capacidades y el acceso a libertades efectivas. Sin embargo, la intensidad de su exclusión no difiere sustancialmente de la experimentada por otros grupos étnicos.

De este modo, nacer en los pueblos y nacionalidades indígenas incrementa significativamente la probabilidad de exclusión social. Este hecho, sumado al mayor porcentaje de personas indígenas en situación de exclusión en comparación con otras etnias, refleja el componente intertemporal de la exclusión. El carácter dinámico de este fenómeno sugiere que la exclusión social puede ser heredada, perpetuando desigualdades a lo largo de generaciones (Atkinson & Hills, 1998).

Retomando las características de exclusión social definidas por Atkinson & Hills (1999) con el carácter relativo, el carácter de agencia y el carácter dinámico, se constata que la etnia indígena se ve afectada en mayor proporción que las demás etnias. El primer aspecto, el de la relatividad, establece que la exclusión social se evalúa con las privaciones que una persona o un grupo tiene en relación con otros, en este caso con otras etnias (Atkinson & Hills, 1998). Indudablemente, la etnia indígena ve el acceso a los bienes y servicios relacionados a libertades fundamentales e instrumentales limitado, sobre todo con respecto a etnias como la mestiza y la blanca. El carácter relativo de la exclusión toma un papel fundamental al momento de analizar la dimensión económica, especialmente en cómo la exclusión afecta el mantenimiento de la vida y el aumento del bienestar de grupos específicos. Siguiendo lo planteado por Muñoz et al (2022), la importancia de la dimensión económica es sustancial, ya que corresponde a los medios de acceso y a la seguridad social que sostiene la vida en muchos casos. De cada 10 personas que identifican su etnia dentro de los pueblos y nacionalidades indígenas, 8 no poseen la base de apoyo económico de la seguridad social.

Los pueblos y nacionalidades indígenas son más susceptibles a ser privados de bienes, formación educativa, servicios, trabajo, salud, ciudadanía, ingresos y vivienda. Además, formar parte de este grupo étnico aumenta en 22,40 puntos porcentuales la probabilidad de ser excluido. Las minorías étnicas del Ecuador no son las únicas excluidas, este fenómeno también sucede dentro de otros países. En Perú, Roca y Rojas (2002) encontraron que las poblaciones para las cuales el castellano no representaba su lengua materna tenían menos acceso a servicios básicos y, en general, eran más excluidas que las personas cuya lengua materna era el castellano. Las minorías étnicas tienen un menor acceso a los servicios básicos, servicios indispensables para la vida y la creación de capacidades. Por otro lado, en sociedades como la española, las minorías étnicas, sobre todo la etnia gitana, vive en mayor proporción en hogares inadecuados (Herrera, 1999). De manera similar, los pueblos y nacionalidades indígenas en Ecuador suelen habitar en estructuras precarias como mediaguas, covachas y otras formas de vivienda que no cumplen con estándares mínimos de habitabilidad.

Herrera (1999) habla sobre la manera en la que la exclusión social diferencia entre grupos desfavorecidos, concretamente en minorías étnicas y otros grupos. Los excluidos no pueden cambiar su situación, debido al escaso o nulo poder económico y político que poseen (Herrera, 1999). La situación de los gitanos en España es similar a la de los indígenas en Ecuador. Ambos grupos se dedican mayoritariamente a actividades por las que perciben bajos ingresos, que resultan en una movilidad social escasa. No obstante, el acceso al empleo de los pueblos y nacionalidades indígenas es mayor que el de las minorías étnicas en España, ya que los indígenas son el grupo étnico que posee un mayor acceso al trabajo. Sin embargo, la calidad de ese empleo es deficiente y es en este aspecto donde ambos grupos coinciden, debido a que se encuentran mayoritariamente dentro del sector laboral informal español o ecuatoriano según sea el caso.

La exclusión social también se entiende desde una perspectiva de ciudadanía, tal que los excluidos dejan de ser ciudadanos plenos. La ciudadanía de los pueblos y nacionalidades indígenas, desde la perspectiva de exclusión de Tezanos (2005), es limitada. Los ciudadanos plenos deben tener acceso a los elementos básicos para mantener la vida y poseer un bienestar mínimo que les permita crear capacidades para adquirir funcionamientos y expandir sus libertades Sin embargo, los pueblos y nacionalidades indígenas enfrentan privaciones críticas para sostener una vida digna, como el acceso a servicios básicos de limpieza, incluyendo saneamiento adecuado y recolección de basura, lo que incrementa los riesgos sanitarios. Además, una gran proporción de esta población enfrenta un riesgo considerable de desnutrición, reflejando carencias en la dimensión de salud, y habita en viviendas que no ofrecen protección adecuada contra las condiciones climáticas, entre otras limitaciones.

Aspectos fundamentales de la exclusión social son las libertades reales, ya sean fundamentales o instrumentales, a las cuales los excluidos no tienen acceso. Al ser los individuos de los pueblos y nacionalidades indígenas privados en la mayoría de estas dimensiones, se les dificulta o hasta imposibilita el crear capacidades que les permitan adquirir funcionamientos, que les posibiliten expandir sus libertades reales. Este aspecto de expansión de libertades se relaciona con la dinámica de la exclusión, el crear capacidades que les permitan expandir sus capacidades hace que las personas salgan de una situación de exclusión.

Los pueblos y nacionalidades indígenas no son solo los más excluidos, sino los más pobres. Empero, dentro de los mismos pueblos y nacionalidades indígenas existen diferencias. Una persona indígena que sea menor de edad posee una probabilidad mayor de ser pobre que los adultos o jóvenes. De la misma manera, una persona indígena discapacitada tiene mayor probabilidad de ser pobre, lo que indica que la pobreza, al igual que la exclusión, afecta a grupos desfavorecidos. Los indígenas que habiten en el área rural o que se dediquen a actividades económicas como la agricultura, silvicultura, ganadería o caza también son más proclives a ser pobres.

Por otro lado, los menores de edad que forman parte de la etnia indígena tienen menos probabilidad de ser excluidos. Los indígenas que son discapacitados, las indígenas mujeres y quienes habitan en el área rural son más proclives a ser excluidos que los demás. Igualmente, las ramas económicas a las que los indígenas se pueden dedicar y que aumentan la probabilidad de ser excluidos son la agricultura, la construcción y las actividades y servicios administrativos. Se infiere que la menor probabilidad de exclusión entre los niños puede atribuirse tanto al apoyo proporcionado por su núcleo familiar como a la implementación de políticas públicas orientadas a su protección. Estas políticas incluyen programas específicos para garantizar el acceso a la educación, combatir la desnutrición y atender otras necesidades esenciales de la infancia.

Los indígenas de las regiones de la Amazonía y la Sierra son más excluidos que aquellos que habitan la Costa o la región insular. Dentro de la región andina, los indígenas de la sierra centro son los más proclives a ser excluidos.

La concordancia de los resultados con otras investigaciones es variada. La evidencia señala que los pueblos y nacionalidades indígenas son más propensos a ser excluidos; sin embargo, los menores de edad de este grupo étnico tienen una menor probabilidad de ser excluidos. Las políticas que mayor efecto tienen son las que se enfocan en las dimensiones de la exclusión tal como lo expresan Chávez y Delgado (2018). El carácter holístico de la política pública orientada al desarrollo infantil provoca que las infancias indígenas tengan una menor probabilidad de ser excluidos que los adultos de la misma etnia. De tal modo, una persona indígena que aún no llegue a la adultez se ve menos afectada por la exclusión social, lo que entra en conflicto con el aspecto dinámico de la exclusión social y la posibilidad de que esta exclusión sea heredada.

Los programas más importantes para los menores de edad indígenas dentro de ese marco político son los que garantizan educación, nutrición e ingresos económicos y la implementación de políticas públicas que actúan como red de apoyo a las infancias indígenas. En Ecuador, diversos programas contribuyen a la protección social y al desarrollo integral de infantes, niños y adolescentes indígenas. Entre estos destacan el programa Aliméntate Ecuador, el bono de desarrollo humano (Chiriboga & Wallis, 2010), la creación del Sistema Único de Atención a la Infancia (SUAI), enfocado específicamente en el desarrollo infantil, y la Agenda Social 2009-2011 (Chávez & Delgado, 2018).

Los resultados obtenidos en el modelo coinciden con lo señalado por Chávez y Delgado: «cuando los niños reciben una adecuada atención durante su primera infancia, aumentan sus oportunidades de desarrollo integral» (2018, p. 54). Además, subrayan que las políticas públicas enfocadas en la primera infancia, aunque se centran en el trabajo con la familia, promueven un enfoque intersectorial en sus estrategias y acciones, lo cual constituye una garantía para su éxito (Chávez & Delgado, 2018, p. 65).

La exclusión social y la pobreza son fenómenos que están estrechamente relacionados, se retroalimentan y forman un ciclo negativo que profundiza ambas situaciones. Los pueblos y nacionalidades indígenas son el grupo más afectado tanto por la exclusión social como por la pobreza. Los resultados de este estudio pueden ser de utilidad para tomadores de decisiones quienes pueden intervenir con políticas que se enfoquen en brindar libertades fundamentales a los individuos, para que estos puedan crear capacidades.

No obstante, esta investigación tiene limitaciones, sobre todo relacionadas con la capacidad de evaluar el carácter dinámico de la exclusión por la falta de datos de carácter longitudinal que permitiría observar cómo evoluciona la exclusión social de cada individuo estudiado y la elaboración de modelos probabilísticos de datos de panel. Otra limitación del estudio fue la falta de información de ENEMDU acumulada anual anterior a 2019. Posteriores investigaciones pueden enfocarse en el carácter dinámico y heredado de la exclusión social con un periodo temporal de análisis mayor al tratado en este artículo.

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